EL PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER. LA GESTAPO ESPAÑOLA
Consuelo García del Cid Guerra y Pilar Iglesias Aparicio
Nota de la redacción: Desde M-Arte y Cultura Visual nos sumamos a este artículo-protesta, ya que en el Patronato de Protección a la Mujer fueron internadas mujeres provenientes de diferentes disciplinas artísticas. Por respeto a ellas y confidencialidad, no podemos dar sus nombres y apellidos.
El Patronato de Protección a la Mujer ha sido la mayor institución dedicada al control sexual, represión y castigo de las mujeres, por razones relacionadas con aspectos morales. Sin embargo, sigue resultando casi totalmente desconocido, y ni siquiera se menciona como uno de los supuestos contemplados en el Artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre pasado.
Cualquier menor de edad que no se sometiera a los rigores familiares y pensara por sí misma, rebelándose, podía ser internada en uno de los reformatorios auspiciados por el Patronato, que asumía la tutela, extendiendo la mayoría de edad a los 25 años. Otras provenían de orfanatos dirigidos por las mismas congregaciones religiosas, entrando en la cadena institucional represora. El resto, provenían de pueblos sin oportunidad de progresar, vendiendo los conventos como lugares de estudio. Craso error. ¿En qué internado normal se pasan el día trabajando, fregando o rezando, para tener solo tres horas de clase? La formación académica no era una prioridad, se trataba de tener mujeres esclavizadas. Menores de edad explotadas laboral y personalmente.
El Patronato de Protección a la Mujer fue un sistema penitenciario oculto para menores, que contaba con su propia «comisaría», llamada COC (Centro de Observación y Clasificación). Allí se les hacía un examen ginecológico, constando en el expediente como «completa», la que era virgen, e «incompleta» la que no lo era, circunstancia determinante para que la menor fuera conducida a un reformatorio más o menos severo. En el COC permanecían una semana, junto con prostitutas adultas que eran detenidas en redadas. Se las confinaba en celdas individuales y comían con cubiertos de plástico, exactamente igual que en una cárcel.
El Patronato contaba con la figura de las «Celadoras guardianas de la moral», ejercida por funcionarias que aprobaron una oposición, siendo los únicos requisitos «tener una moral intachable y ser afín al régimen franquista». Estas celadoras paseaban por las llamadas «zonas calientes» (bailes, bares, piscinas, cines), y podían detener a una menor por bailar agarrado, fumar por la calle o estar fuera de horario colegial en cualquier parte. Acto seguido, acudía la policía, eran detenidas, esposadas, y conducidas al COC.
Las congregaciones religiosas cobraban dos mil pesetas mensuales que entregaba el Patronato por niña tutelada, y al no ser suficiente para su manutención, las internas eran obligadas a trabajar sin sueldo en talleres de confección, punto, imprenta, muñequería y montaje de cajas o productos comerciales. Eran trabajos forzados, puesto que ninguna podía negarse a realizarlos.
Oblatas del Santísimo Redentor, Trinitarias, Adoratrices, Terciarias Capuchinas, Hermanas de la Caridad y la orden secular de las Cruzadas Evangélicas, fueron las congregaciones adheridas a la institución.
Veamos algunos datos de la historia del Patronato:
Durante la II República
Desde el siglo XVI venían existiendo en España centros para el control y represión de las mujeres conocidos como Casas de Recogidas, así como las Galeras, o cárceles de mujeres. Pese a los avances en derechos de las mujeres de la República, siguieron funcionando estos centros de internamiento de mujeres dirigidos por órdenes religiosas. El Patronato de Protección a la Mujer fue creado durante la II República por Decreto de 11 de noviembre de 1931, para venir a sustituir al llamado Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas. Estuvo en funcionamiento hasta el 25 de junio de 1935, en que fue disuelto pasando sus funciones al Consejo Superior de Protección a la Infancia. Tres días más tarde, el 28 de junio de 1935, el gobierno de la II República aprobó el Decreto de abolición de la prostitución, que ponía fin a la reglamentación de la misma, intentando incorporar a España al movimiento abolicionista mundial. Ello, junto con las leyes promulgadas entre 1931 y 1935, parece ser significativo del enfoque que la República pretendía dar a la atención de las mujeres. El golpe de estado y la guerra civil rompieron toda posibilidad de desarrollo del Decreto de abolición de la prostitución y modificación del sistema institucional de control de la sexualidad de las mujeres.
Patronato de Protección a la Mujer en la dictadura franquista
Todos los avances en derechos de las mujeres logrados o iniciados en la II República fueron aniquilados en el régimen franquista. De hecho, muchas de las primeras medidas legislativas del franquismo estuvieron dirigidas a recortar derechos de las mujeres, y promover el modelo de política natalista y de control de la sexualidad de las mujeres. En este marco, se reinstaura y reorganiza el Patronato de Protección a la Mujer, por Decreto de 6 de noviembre de 1941, publicado en el BOE de 20 de noviembre. En este mismo BOE se publicó paralelamente el Decreto por el que se creaban las Prisiones Especiales para Regeneración y Reforma de Mujeres Extraviadas (Caídas), eufemismo referente a mujeres en situación de prostitución, que venían a unirse a las cárceles convencionales donde ya eran recluidas las mujeres en situación de prostitución que fuesen acusadas de algún delito, político o común. Las funciones y poder del Patronato aumentaron con la Ley de 20 de diciembre de 1952. Su Junta General, así como las Juntas provinciales y locales, contaban con representantes del gobierno, la Falange, la Sección Femenina, el Ejército, la jurisprudencia y la Iglesia Católica. El Patronato contó con una amplísima red de centros en prácticamente todas las capitales de provincia y localidades grandes de España, utilizando mayoritariamente conventos de monjas ya en funcionamiento. Por supuesto, las encargadas directas del control y represión de las jóvenes fueron religiosas de diferentes órdenes. Por tanto, el Patronato de Protección a la Mujer constituyó, desde noviembre de 1941, hasta el 1 agosto de 1985, en que fue suprimida pro Real Decreto, la principal institución para el control, la represión y castigo de las mujeres por comportamientos relacionados con la moral que no suponían motivo de persecución para los hombres detención y represión de las mujeres.
Violación de derechos humanos a que fueron sometidas las mujeres
Bien sabemos que, en el marco de la Dictadura franquista, las mujeres fueron represaliadas por los mismos motivos políticos que los hombres. Además, recayeron sobre ellas formas de represión específica: rapado del pelo, ingesta obligada de aceite de ricino, violaciones, robos de bebés, en muchas ocasiones, como forma de presión a sus familiares varones; castigo y destierro por haberse casado con un hombre divorciado durante la República; encierro y represión en cárceles, centros del Patronato de Protección a la Mujer y manicomios por comportamientos relacionados con la moral sexual impuesta. Miles de jóvenes*, de entre 16 y 23 años, fueron detenidas, privadas de libertad, aisladas, sometidas a castigos físicos y todo tipo de humillaciones, explotadas laboralmente, obligadas a cumplir las obligaciones religiosas impuestas, sin ningún tipo de juicio ni sentencia, por actos y situaciones que no constituían delito para los hombres. Es más, en muchos casos, por haber sido víctimas de violencia sexual por parte de varones, como en el caso de jóvenes embarazadas que habían sido violadas por sus padres, hermanos u otros familiares, o por su empleador o un sacerdote, sin que en ningún caso los victimarios fuesen perseguidos o castigados.
Cabe destacar, con respecto a la prostitución, que no entraban en los reformatorios por ese motivo, pero sí muchas se prostituyeron al fugarse, siendo el sistema en sí quien las condujo a ello. Exactamente igual en cuanto a pequeños hurtos delictivos, robaron para comer durante las fugas. Lo mismo sucedió con los embarazos no deseados, creyendo que podrían ser libres a través del matrimonio.
En los reformatorios, disfrazados como «casas de acogida, asilos o colegios de formación», la correspondencia estaba censurada, no existía libertad para realizar llamadas telefónicas ni salir a la calle, y tampoco estaba permitido que las internas hablaran con compañeras de otros pabellones. Sometidas a un adoctrinamiento religioso severo, las que se rebelaban eran conducidas a cuartos de aislamiento y celdas de castigo. En Ntra. Sra. del Pilar, reformatorio de San Fernando de Henares, era famoso «el chiscón», un lugar mínimo donde no podían estar de pie ni sentadas, solo en cuclillas. También allí, se encontraban las «salas de reflexión y catarsis», que eran habitaciones de paredes acolchadas para que no se golpearan con la cabeza, puesto que las autolesiones eran diarias, así como los intentos de suicidio no atendidos por las religiosas.
En las llamadas «maternidades» del Patronato, entre las que destaca la Maternidad de Nuestra Señora de la Almudena en el barrio de Peña Grande de Madrid, en funcionamiento entre 1955 y 1984, se practicó sistemáticamente el robo de bebés, sometiendo a presión a las internas para que firmasen la entrega de su hija o hijo en adopción, o retirándoles directamente a la criatura diciéndoles que había nacido muerta o había fallecido tras el parto.
El trato a las internas era absolutamente vejatorio, las hacían fregar de rodillas en el suelo en avanzado estado de gestación, cargar sacas de correos en camiones y otras labores físicamente agotadoras. «Golfa, puta, has desgraciado tu vida, firma aquí, porque nosotras tenemos familias muy bien situadas que le darán a tu hijo una vida que tú ni has soñado. Si ve verdad quieres a tu hijo y no eres egoísta, firma aquí», ese era el mantra de la orden secular de las Cruzadas Evangélicas que dirigían el centro. Dicha orden ya era conocida por los malos tratos ejercidos en cárceles de mujeres.
Anterior a Peña Grande, existió un lugar llamado Villa Sacramento, situado en el Paseo de la Habana de Madrid, para menores embarazadas. Dirigido por monjas Adoratrices, el centro quedó pequeño, y se construyó entonces Peña Grande.
Cabe destacar que en el reformatorio de las Adoratrices de Madrid, situado en la calle Padre Damián, los pocos estudios a realizar dependían del PPO (Promoción Popular Obrera), siendo la primera formación profesional existente. Las clases se impartían en centros volantes, cárceles y reformatorios, siendo el Dr. Eduardo Vela Vela –principal implicado en la trama de robo de bebés franquista ̶ el profesor de Auxiliar de Clínica.
Responsabilidad política. Ley de Memoria Democrática
Instituciones similares al Patronato existieron en otros países. Un caso bien estudiado son los Conventos Lavanderías de la Magdalena y las Casas de Madres y Bebés de Irlanda, donde la incidencia política de la sociedad civil ha conseguido que se pongan en marcha comisiones de investigación y se apliquen posteriormente esquemas de reparación.
En España, mientras que la represión y violencia ejercida en las cárceles de mujeres sí ha sido objeto de múltiples estudios, obras de teatro, etc., son muy escasos los trabajos sobre el Patronato de Protección a la Mujer y no se ha puesto en marcha ninguna iniciativa para llevar a cabo procesos de reparación de las víctimas.
La mayoría de los expedientes del Patronato han desaparecido o fueron abandonados en los despachos de sus Juntas Provinciales, por lo que las pruebas documentales son mínimas, aunque existen. Resulta demoledor comprobar cómo a las internas lesbianas se las criminalizó muy especialmente, siendo trasladadas al psiquiátrico de Ciempozuelos o al de Arévalo (Ávila). En Ciempozuelos, el Patronato contaba con un especial pabellón llamado «Las Patronatas», gozando de un cierto reconocimiento hospitalario, puesto que se experimentó con ellas. Muchas murieron allí. Las consideradas «rebeldes sin posibilidad de reeducación», también fueron trasladadas a psiquiátricos, sin otro diagnóstico que «trastorno de conducta».
Un estado firmante de convenios internacionales como la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), y que cuenta con una amplio marco jurídico de defensa de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad entre mujeres y hombres y las medidas de prevención y erradicación de la violencia machista basada en la construcción social de género, no puede ignorar, dentro del marco de la memoria democrática, las políticas de sistemática persecución, detención y castigo de las mujeres por comportamientos relacionados con la sexualidad y la maternidad.
De hecho, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática en su Preámbulo, punto IV, dice que: «En esas luchas y sufrimientos las mujeres españolas desempeñaron un papel singular, por ser sujetos activos en la vida intelectual, profesional, política y sindical de nuestro país. Durante la guerra y la dictadura, las mujeres sufrieron humillaciones, vejaciones, violaciones, persecución, violencia o castigos por su actividad pública o política, por el mero hecho de ser mujeres o por haber sido madres, compañeras o hijas de perseguidos, represaliados o asesinados. Asimismo, y en diferentes momentos de la historia, fueron represaliadas por haber intentado ejercer su derecho al libre desarrollo personal y haber transgredido los límites de la feminidad tradicional. Por tanto, en la promoción y transmisión del conocimiento ha de recogerse su contribución a la memoria democrática. Merece especial mención el hecho de que esta ley incluya entre las víctimas a las niñas y niños sustraídos y adoptados sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como a sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas. Esta práctica constituyó una especial forma de represión contra las mujeres de muy larga duración y en distintas manifestaciones. Si inicialmente se trató de una motivación política que tuvo como víctimas a los hijos de las presas políticas, auspiciada por el régimen franquista siguiendo la ideología de pureza racial, posteriormente se manifestaría en una forma de represión ideológica, moral, religiosa y de género que se cebó con las mujeres más vulnerables de la sociedad, como eran las madres de familia numerosa, mujeres pobres o solteras».
En el Título II, Artículo 11, relativo a Reconocimiento de la memoria democrática de las mujeres, puntos 2 y 3, establece que: «2. Las administraciones públicas adoptarán las medidas y acciones necesarias para la difusión y conocimiento de las limitaciones y discriminaciones educativas, económicas, sociales y culturales que las mujeres soportaron específicamente durante la guerra y la dictadura y para reconocer a aquellas que las sufrieron. 3. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para reparar las formas especiales de represión o violencia de cualquier tipo sufrida por las mujeres como consecuencia de su actividad pública, política, sindical o intelectual, durante la Guerra y la Dictadura, o como madres, compañeras o hijas de represaliados o asesinados. Igualmente, se llevarán a cabo actuaciones de reconocimiento y reparación de las mujeres que durante la Guerra y la Dictadura sufrieron privación de libertad u otras penas como consecuencia de los delitos de adulterio e interrupción voluntaria del embarazo».
Y el Artículo 44, relativo a Medidas en materia educativa y de formación del profesorado, establece que: «1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura. A tal efecto, se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato. 2. Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática, impulsando asimismo en la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición». Y el Artículo 46, relativo a Investigación sobre el exilio y la memoria democrática de las mujeres, en su apartado 2, determina que «2. Asimismo, fomentará las investigaciones relativas a la contribución de las mujeres en el ámbito de la memoria democrática, tanto en su condición de víctimas de una represión específica, como en lo relativo a su participación en la vida política, económica, social y cultural».
Sin embargo, como decimos anteriormente, el Artículo 3, relativo a la condición de Víctimas, no menciona de manera específica a las mujeres cuyos derechos humanos fueron violados en el Patronato de Protección a la Mujer sin que nadie haya hecho absolutamente nada para reparar a las supervivientes de la institución, cuyos derechos humanos fundamentales fueron vulnerados de forma sistemática hasta 1985. Cuando España tenía tanta prisa por legalizar las casas de juego, el porno, el cine erótico y demás (cabe recordar la época del destape), miles de menores continuaban encerradas en reformatorios sin haber cometido delito alguno.
Al realizarse la entrega de funciones del Patronato ya desaparecido, fue Mariano Rajoy Brey, entonces secretario de la comisión mixta, quien la realiza por la comunidad autónoma de Galicia, y Joaquín Leguina por la comunidad autónoma de Madrid. ¿No sabían lo que realmente sucedía en los centros del Patronato?, pues probablemente no, porque permaneció oculto en manos de las religiosas, que se reconvirtieron en ONG y actualmente cobran subvenciones en sus centros de menores. Muchas de las religiosas se encontraban estudiando Asistencia Social en los años 70. No olvidemos que Sor María Gómez Valbuena, implicada en la trama de bebés robados, era una asistenta social.
En estos momentos, algunas organizaciones feministas estamos impulsando un llamado a los partidos políticos para que se comprometan a impulsar un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición respecto a las mujeres que fueron privadas de libertad y recluidas en los centros de dicha institución y, en su caso, a las y los bebés que fueron objeto de procesos de adopción ilegales, tras ser sustraídos a sus madres o forzar a estas para firmar su adopción. Un proceso que debería comprender la puesta en marcha de comisiones de investigación desde los organismos públicos correspondientes; la convocatoria de subvenciones para proyectos de investigación y elaboración de productos educativos y divulgativos; la inclusión de contenidos relativos al Patronato de Protección a la Mujer y sus políticas de represión de las mujeres en los contenidos curriculares;el fomento de actividades, campañas, jornadas, etc., que faciliten el conocimiento del Patronato por parte de la ciudadanía; y el reconocimiento por parte del gobierno español de que se trató de una auténtica violación de derechos humanos de las mujeres que sufrieron este tipo de represión, con la consiguiente aplicación de pública petición de perdón y debida reparación. El perdón por parte de las congregaciones religiosas es fundamental, no como acto de justicia poética, sino como un reconocimiento real del daño causado. El Patronato no tiene muertas en las cunetas, cuenta con suicidas que se quitaron la vida tirándose por la ventana o por el hueco de las escaleras, al no poder soportar las condiciones de los reformatorios. Ellas, muy especialmente ellas, tienen derecho a descansar en paz.
Esta acción es un paso en el proceso de incidencia política que estamos dispuestas a llevar a cabo, a fin de que se cumpla lo que es de justicia y debería haberse hecho hace décadas.
Consuelo García del Cid Guerra. Autora de:
Las desterradas hijas de Eva (2012)
Ruega por nosotras (2015)
La niña del rincón (2017)
Las insurrectas del Patronato de Protección a la Mujer (2021)
Pilar Iglesias Aparicio. Autora de:
Políticas de represión y punición de las mujeres. Las Lavanderías de la Magdalena de Irlanda y el Patronato de Protección a la Mujer de España (2022)
Nota:
* La falta de estudios e investigaciones por todo el oscurantismo que ha rodeado el Patronato, hace que se carezcan todavía de datos fiables respecto al número de jóvenes que fueron internadas en centros del Patronato.
